Hoy se cumple un año de la publicación en el diario oficial del Decreto del Congreso 57-2008, Ley de Acceso a la Informa-ción Pública, el cual cobró plena vigencia el 21 de abril de este año, y seis meses después, la Procuraduría de los Dere-chos Humanos (PDH), a la cual se le asigna la función de autoridad reguladora de dicha normativa, ha recibido 28 denun-cias basadas en dicho cuerpo legal.
Un total de 20 quejas fueron planteadas contra entidades públicas que, según los denunciantes, no cumplieron con la Ley.
Hay 8 denuncias contra empresas que se dedican a la comercialización de datos personales. En estos casos los denun-ciantes recurren a la PDH quejándose de que no pueden obtener empleo porque las empresas contratantes les dicen que les aparecen malas referencias en Informes en Red S.A. o Trans Union.
La abogada Verónica Nájera, asesora de Informes en Red, indica: “Hemos tenido diferentes denuncias de personas, unas han sido arregladas al momento de llegar al MP, y otras en las que se determina que no ha sido violado el derecho de las personas, ya que la información es de bases de datos públicos”.
Uno de los expedientes en los cuales la PDH emitió una resolución es una queja contra el ahora ex ministro de Salud, Celso Cerezo, quien fue denunciado por ordenar el cierre de la Unidad de Información del Hospital General San Juan de Dios (vea: Inconformidades).
En este caso, la PDH también presentó una denuncia en el Ministerio Público para que investigue si los hechos por los cuales se señala a Cerezo constituyen delito.
Sergio Morales, titular de la PDH, señala que el problema con la Ley es que los diputados “no le dieron presupuesto para ser ejecutada y ahora no se puede capacitar a los entes que tiene que informar, ni hacer una campaña de información a la población para su utilización”.
La diputada Rosa María de Frade afirma que el Decreto 57-2008 ha permitido “revertir la opacidad y secretividad de la información, pero reconoce obstáculos como el ocultamiento de información en los programas de Cohesión Social (lea: El caso de Cohesión).


EL CASO DE COHESIÓN
La diputada Nineth Montenegro, impulsora de la Ley junto a De Frade, afirmó que el espíritu de la normativa era transparentar la administración pública al desarrollar el artículo 30 de la Constitución.
Montenegro critica especialmente el programa Mi Familia Progresa, el cual es coordinado por Cohesión Social: “Este programa es de los menos transparentes, porque no han querido dar información completa de quiénes son los benefici-arios, dónde viven, y si existen realmente. Al final, cunde la frustración”.
De hecho, la parlamentaria denunció en el MP la negativa a entregar la información completa de los beneficiarios con las remesas condicionadas, dinero que proviene del erario.
Édgar Rosales, vocero de Cohesión Social, dice que los datos solicitados por Montenegro están en la página web del programa, “menos los que los beneficiarios han decidido que sean confidenciales, lo cual es un derecho constitucional”.