Bogotá. Un nuevo escándalo sacude al servicio de Inteligencia de Colombia por las denuncias de que in-terceptó los teléfonos y correos electrónicos de dirigentes de la oposición, magistrados, periodistas y otras personalidades, lo que obligó al Gobierno a ordenar una investigación.
La última edición de la revista Semana, que salió a circulación este sábado, revela que durante varios meses el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también realizó escuchas a algunos fun-cionarios, y denunció que dentro de ese organismo existe una red que vende informaciones de inteli-gencia a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.

Grave denuncia
El director del DAS, Felipe Muñoz, asegura que junto a la Fiscalía y al Ministerio Público se creará un grupo élite que investigará esas denuncias, y negó que desde su dependencia o desde el Gobierno se haya impartido la orden de efectuar las escuchas telefónicas.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, califica como graves las denuncias. “Este es un hecho conde-nable que debe ser investigado, y al culpable o los culpables les debe caer todo el peso de la Ley”, afirma.
Varios de los documentos y grabaciones de las conversaciones que recopiló el DAS fueron destru-idos entre el 19 y 21 de enero ante la llegada de Muñoz como nuevo director desde el 22 de ese mes, según la investigación periodística.
Uno de los ex detectives del DAS y que participó en el espionaje, indica que los congresistas oposi-tores Piedad Córdoba y Gustavo Petro estaban entre las personalidades a las que se les intercep-taron los teléfonos (lea: Sujetos de vigilancia).
Córdoba y Petro responsabilizaron del hecho al presidente colombiano, Álvaro Uribe, e indicaron que él debe explicar por qué se les interceptaron sus teléfonos y correos electrónicos.


SUJETOS DE VIGILANCIA
La fuente de Semana indica que cualquier persona que represente un eventual peligro para el Gobierno debía ser “vigilada” y por eso se decidió hacer escuchas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de investigar a unos 70 congresistas del oficialismo por sus supuestos nexos con los grupos paramilitares.
Además de los funcionarios judiciales, el DAS también consideró como “blancos legítimos” a periodistas y medios de comunicación.