El arbitraje internacional promovido contra el Estado de Guatemala por la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A., (Ferrovías), subsidiaria de la estadounidense Railroad Development Corporation (RDC), le costó al país Q3.2 millones durante 2008.
La entidad que transfirió los recursos para cumplir con esta obligación fue el Ministerio de Economía, de acuerdo con información a la que tuvo acceso este diario. El ministro de Economía, Rómulo Caballeros, confirmó la cifra y, además, aseguró que, por la naturaleza del reclamo, el gasto efectuado no sólo sirvió para cancelar los servicios profesionales del bufete que defiende al Estado, sino que también incluye los costos en que ha incurrido el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa Inversiones (Ciadi), entidad encargada de moderar el proceso, por un monto de $200 mil.
Caballeros afirmó que, aunque no se puede asegurar cuánto tiempo durará la resolución de la controversia, podría representar un gasto para el país de no menos de Q15 millones. Ello sin olvidar que los reclamos de Guatemala han sido a nivel local y no internacionalmente como fue preferido por Ferrovías, por lo que advirtió que de darse la razón al país, el proceso volverá a ventilarse al amparo del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Sin embargo, comentó que, en tanto esto no suceda, luego de haber designado el panel de árbitros, en la siguiente reunión a realizarse en Washington ambas partes tendrán que presentar sus argumentos, lo cual podría darse a finales de este año o bien a inicios de 2010.

Mantienen su posición
Por el momento, las partes no han llegado a acuerdo alguno, ni siquiera para la conformación del panel arbitral, pues el Ciadi tuvo que intervenir en la selección del tercer árbitro.
Juan Pablo Carrasco, abogado de la firma estadounidense, aseguró que el Estado de Guatemala interpuso una objeción a la jurisdicción del tribunal internacional, al argumentar que los tribunales competentes en el caso eran los guatemaltecos y que Ferrovías ya se había acogido al fuero local para dirimir la controversia.
Este alegato fue desestimado, según Carrasco, pues al escuchar al inversionista se demostró que el Tribunal de Arbitraje sí era competente y que los argumentos que se tienen en contra del país son distintos a los hechos que se están discutiendo en los juzgados locales, añadió.
Carrasco dijo que presentarán sus alegatos que sustentan la reclamación que se hace contra el Estado, así como las evidencias. El Ciadi podría calendarizar algunas audiencias y así tener una resolución. Si Ferrovías gana el caso el Estado tendría que pagarle $65 millones en concepto de daños y perjuicios.
Siglo Veintiuno intentó hablar con el Procurador General de la Nación, Baudilio Portillo Merlos, pero el vocero de la institución, Abraham Baca, informó que el funcionario no podía atender la consulta.


“Presentaremos los alegatos que sustentan la reclamación en contra del Estado.”
Juan Pablo Carrasco
Abogado de Ferrovías